LA CONSULTA COMO DISPOSITIVO DE PARTICIPACIÓN
En este Grupo de Trabajo se propone analizar la experiencia, tanto de los marcos normativos como de su aplicación en casos concretos, de procesos de consulta que ponen en marcha las Administraciones (especialmente los Ayuntamientos) para el desarrollo de políticas específicas. Consultas en las que la Administración convoca a agentes públicos, privados, movimientos sociales y ciudadanos particulares y en las que están en conflicto intereses generales de la sociedad (o ciudad), con intereses locales (o de barrio) y particulares (comerciales, inmobiliarios, etc.).
Las Consultas son un instrumento habitual en urbanismo. Todos conocemos casos recientes, por ejemplo en la ciudad de Madrid, de conflicto urbano y de utilización de la consulta como dispositivo de participación, tanto de grandes operaciones (ej. los PAU del Sureste, Operación Chamartín, Mahou-Calderón o, próximamente, Campamento), como otras actuaciones puntuales, de gran impacto en sus barrios (y en el modelo de ciudad) como la remodelación de la Plaza de España. También en pequeñas actuaciones, de importancia en los barrios, como la peatonalización de calles, reconfiguración de plazas, y otras actuaciones sobre el espacio público (carriles bus y bici, rehabilitación y uso público de edificios, etc.).
El entendimiento y análisis de los conflictos
Las consultas que proponemos analizar, como hemos dicho, se producen en situaciones de conflicto de intereses. Los conflictos pueden ser de distinto tipo pero, en principio, lo que se confronta son competencias (quién participa y cuánto en la toma de decisiones), o cuestiones socioeconómicas (la obtención de plusvalor económico por parte de agentes económicos, frente a la atención de necesidades sociales para generar un contexto urbano en el que desarrollar la calidad de vida de las personas y las actividades urbanas).
Es importante, por lo tanto, analizar si en las consultas se utiliza (y cómo) el análisis del mapa de actores, donde se reflejen las necesidades/intereses de los mismos, así como la descripción de los conflictos y las estrategias de dichos actores. El análisis de este Grupo de Trabajo podría avanzar en:
El entendimiento de los marcos o estrategias que condicionan (con límites normativos, culturales, etc.) la gobernación: los poderes fácticos y los procesos de empoderamiento.
El entendimiento de los mecanismos de acumulación en la actual etapa de capitalismo financiarizado, que dan lugar a variantes en las actuaciones especulativas, desequilibrio urbano, e injusticia espacial.
Algunos temas a observar. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos de apropiación de rentas actuales en el planeamiento y la política urbana, y qué mecanismos están funcionando para la redistribución del derecho a la ciudad por medio de salarios indirectos y el ejercicio de apropiación de valores de uso?
La participación y empoderamiento de la ciudadanía frente a los poderes fácticos
En urbanismo, desde la Ley del Suelo de 1975, el mecanismo preponderante ha sido la denominada participación pública en los planes, en sus dos fases de sugerencias y alegaciones (plan de la ciudad, planes parciales de nueva urbanización o de regeneración, modificaciones puntuales de recalificación, etc.). Se trata, básicamente, de un periodo de información pública que no suele contar con instrumentos de divulgación y debate que faciliten el entendimiento de los problemas a abordar y las propuestas sobre las que decidir; la participación se reduce, por tanto, a la presentación de escritos de alegación que sólo son vinculantes si demuestran alguna ilegalidad. Por ejemplo, en la Operación Chamartín este instrumento supuso la presentación de más de 2.000 alegaciones. Estos procesos, en los que se suele ningunear las propuestas ciudadanas cuando se refieren a temas estructurales o de cierta envergadura, acaban normalmente en recursos judiciales para defender el derecho a la ciudad.
El Reglamento de Participación del Ayuntamiento de Madrid establece el mecanismo de la «Audiencia Pública» que se ha utilizado en distintas «Mesas Sociales» con el actual gobierno municipal (ej. Mahou-Calderón, Operación Chamartín o PAUs del Sureste). En otros casos se han producido reuniones del Ayuntamiento con los vecinos, sin participación ni debate con otros actores (ej. licencia de obra y actividad en el centro comercial de Madrid Río 2, etc.).
Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha otros mecanismos, fundamentalmente en espacios públicos, para la elaboración de propuestas y elección entre alternativas. La elaboración de las propuestas ha sido, en general, poco participativa y muy tecnocrática, trasladando la elección final a diferentes mecanismos de votación sin contar con la información necesaria y sin un debate adecuado con las organizaciones sociales y la sociedad civil.
En estas formas de participación, en un contexto de gran desigualdad de poder y recursos entre los distintos actores, es necesario describir y analizar los mecanismos de empoderamiento de la ciudadanía que permitirían una mejor participación de los más débiles. Es decir, analizar si se proveen los mecanismos y recursos adecuados para un debate razonable y si se establecen condiciones para que se las demandas se asuman o, incluso, se entiendan como vinculantes.
Está en juego la conformación de una nueva relación entre los representantes democráticos y la democracia directa. Pero también está en juego el debate reflexivo, previo a las decisiones y, en su caso, la colaboración (incluso el acuerdo) con otros actores y administraciones públicas.
De igual modo, se podrían analizar estos procesos y valorar si los acuerdos/desacuerdos acaban en tratos/regateos sobre la cesión de beneficios/asunción de cargas, o si, por el contrario, alcanzan un nivel superior en el que el debate entre actores conduce a cambio de modelo de ciudad (sostenibilidad, justicia social, equilibrio funcional, etc.) en el contenido de las propuestas de actuación.
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